Columna de Alfonso Canales en El Mercurio

Existe la falsa y equivocada idea de que un verdadero derecho del trabajo es solo aquel que agrega ad infinitum distintos tipos de derechos laborales a los trabajadores, independientemente del efecto que esto produce en el mercado laboral y en las empresas. Nuestro país ha sido un ejemplo destacado de lo anterior.

Esta premisa es falsa, puesto que el derecho del trabajo debe, ante todo, ser una herramienta que garantice a todos quienes deseen trabajar, de manera formal y regular, que puedan hacerlo a cambio de una remuneración justa. Para ello, deben establecerse normas legales mínimas y comunes, de aplicación general, dejando para el ámbito de la negociación individual o colectiva, conforme a la productividad de cada empresa, mayores beneficios para los trabajadores. Los índices de cesantía e informalidad solo abonan la idea de que el derecho del trabajo, en nuestro país, fracasó en proteger el más básico de los derechos laborales: el de tener un empleo formal, libremente elegido y bien remunerado.

Es falsa, además, porque del modo en el cual se legisla, las remuneraciones simplemente no pueden mejorar, puesto que estas interminables obligaciones que se alojan en la espalda del empleador hacen simplemente imposible que los beneficios del trabajo se radiquen en el trabajador.

En efecto, se sube el ingreso mínimo mensual de forma indiscriminada; se aumentan las cotizaciones previsionales en un 6% adicional; se reducen las jornadas de trabajo en un 10%; se hace de cargo del empleador los requerimientos de salas cuna cada vez más caras; se le imponen responsabilidades de realizar verdaderos juicios internos, por medio de leyes que supuestamente protegen a los trabajadores, etcétera. ¿Dónde queda, entonces, la posibilidad de mejorar los sueldos?

En los últimos tres años no se ha generado ni una sola norma destinada a mejorar la productividad, a incentivar la contratación formal o aumentar las remuneraciones de verdad y no artificialmente. Cada día perdemos mayor productividad, so pretexto de establecer un sistema legal que solo se aplicará a los pocos capaces de mantener sus empleos formales.

Finalmente, la idea es equivocada, pues solo algunos trabajadores reciben los beneficios de este frenesí legislativo. Los nuevos trabajadores deberán ser contratados asumiendo que las normas que supuestamente los protegen tienen un costo real y efectivo en la empresa, el cual, se quiera o no, determinará, entre otras cosas, el nivel de la remuneración que es capaz de pagar el empleador.

Estamos condenando, alegre e inconscientemente, a las nuevas generaciones de trabajadores a recibir bajas remuneraciones, que harán imposible, por ejemplo, que puedan adquirir viviendas propias, pues no tendrán capacidad de ahorro. Luego, a este paso, vendrán las frustraciones y los requerimientos de nuevas leyes.

Si a todo lo anterior se suma una nefasta práctica, cada vez mas habitual en Chile, de que los órganos fiscalizadores se transforman en verdaderos legisladores, estableciendo mayores restricciones aún, el resultado es previsible. La abundante oferta de estudios legales especializados en Derecho del Trabajo, que debe ser una de las áreas de mayor crecimiento en la industria, se debe precisamente a que los recursos de las empresas se están empleando, en mayor medida, en tratar de aplicar una legislación cada vez mas compleja, debiendo los abogados tratar de cuadrar este círculo, cada vez más amorfo.

Lo que Chile verdaderamente necesita es un Derecho del Trabajo que esté a la altura de sus desafíos, que establezca normas comunes, simples, de aplicación general, capaces de ser cumplidas por todos quienes requieran contratar personal para desarrollar sus empresas, sin derechos artificialmente elaborados, y que permita que el fruto del esfuerzo del trabajador lo reciba este y no se enrede en la maraña de obligaciones de las que debe hacerse cargo el empleador.