GNP_Canales fue reconocida con dos nominaciones en los Legal 500 Bar Awards 2026, que distinguen a firmas y abogados destacados del mercado legal.

Nuestra oficina fue incluida en el shortlist de la categoría “Labour and Employment Firm of the Year”, reconocimiento que destaca el trabajo desarrollado por el equipo de GNP_Canales en el ámbito laboral.

A esta nominación se suma la de nuestro socio Carlos Gutiérrez de Torres, quien fue seleccionado en la categoría “Employment Law Lawyer of the Year”, distinción individual que reconoce su trayectoria y desempeño profesional en esta área.

Para GNP_Canales, ambas nominaciones constituyen un importante reconocimiento al trabajo que realizamos como equipo y al compromiso permanente por entregar una asesoría laboral especializada y de excelencia a nuestros clientes.

Agradecemos especialmente a todo nuestro equipo, cuyo trabajo y dedicación hacen posible seguir alcanzando este tipo de reconocimientos.

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En una columna publicada en El Líbero, titulada “La flexibilidad que le falta al empleo público”, Francisco Plass, socio de GNP_Canales, aborda el debate en torno a la modernización del régimen laboral de los funcionarios del Estado y los desafíos que supone incorporar mayores grados de flexibilidad en el sector público.

En su análisis, Plass sostiene que uno de los principales problemas del sistema actual es la forma en que se distribuye la estabilidad laboral entre funcionarios de planta y a contrata. A su juicio, esta estructura genera una combinación de precariedad para algunos trabajadores y una excesiva rigidez para otros, dificultando al mismo tiempo una adecuada gestión de los equipos y del desempeño.

La columna plantea que avanzar hacia una mayor flexibilidad no implica reducir las garantías de los funcionarios de carrera, sino establecer reglas que permitan compatibilizar estabilidad, debido proceso, evaluación efectiva y capacidad de gestión.

“Introducir flexibilidad en este contexto no significa debilitar la protección de los funcionarios de carrera, sino ordenar un sistema que hoy reparte esa protección de manera arbitraria”.

El socio de GNP_Canales también analiza el rol de los actuales sistemas de evaluación, las condiciones que deberían existir frente a situaciones de desempeño insuficiente y la experiencia del Sistema de Alta Dirección Pública como referencia para una eventual modernización.

La reflexión se da en el contexto de la discusión sobre el régimen de empleo público y la comisión de expertos convocada para revisar su funcionamiento.

Invitamos a leer la columna completa aquí de Francisco Plass en El Líbero.

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El director Legal y de Asuntos Públicos de GNP_Canales, Nicolás Mönckeberg, fue nombrado por el Presidente de la República, José Antonio Kast, como integrante de la Comisión de Nueva Arquitectura del Estado, que tendrá como objetivo elaborar propuestas para avanzar hacia una estructura estatal más eficiente y fortalecer la institucionalidad pública.

La comisión está integrada por personas de distintas trayectorias profesionales y sensibilidades, varios de ellos con amplia experiencia en materias laborales y de políticas públicas.

Su principal labor será revisar la actual estructura ministerial, la identificación y eliminación de superposiciones de funciones y una asignación más eficiente de los recursos públicos. El objetivo es avanzar hacia un Estado más eficiente y coordinado, capaz de responder de mejor manera a las necesidades de las personas, robusteciendo al mismo tiempo la institucionalidad y la función pública.

Las propuestas que surjan de este trabajo podrán posteriormente traducirse en iniciativas legales para su discusión en el Congreso Nacional.

Nicolás Mönckeberg es abogado y cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito  público y académico. Fue ministro del Trabajo y Previsión Social, diputado y embajador de Chile en Argentina.  Desde GNP_Canales valoramos el aporte que hará en la Comisión dada su vasta experiencia en materias institucionales, laborales y de políticas públicas. 

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A pocos meses de la entrada en vigencia de la nueva normativa, empresas de distintos tamaños se encuentran revisando sus procesos, contratos, políticas internas y sistemas para estar al día con el nuevo marco regulatorio que eleva los estándares al tratamiento de datos personales en Chile.

En un artículo publicado por Pulso de La Tercera, titulado “La difícil implementación de la ley de protección de datos personales”, distintos representantes y expertos del sector privado analizaron el nivel de preparación de las empresas y las dificultades que supone la puesta en marcha de la nueva regulación.

Entre ellos, fue consultado nuestro socio Francisco Plass, quien se refirió especialmente a la situación de las pequeñas y medianas empresas y al creciente interés que ha generado la nueva normativa entre sus equipos legales.

“El desafío es que aquellas empresas que recién están comenzando a abordar esta materia tienen poco margen de tiempo”, señaló.

Nuestro socio agregó que la implementación de la ley supone revisar diversas áreas al interior de las organizaciones, entre ellas sus procesos, contratos, políticas internas y sistemas y prácticas que involucran el tratamiento de datos personales, por lo que no se trata de un cambio que pueda resolverse de un día para otro.

La nueva legislación introduce mayores exigencias para quienes realizan tratamiento de datos personales y contempla un nuevo régimen de infracciones y sanciones económicas. Asimismo, establece la creación de la Agencia de Protección de Datos Personales, organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento de la normativa.

En este escenario, la preparación anticipada será especialmente relevante para que las organizaciones puedan identificar brechas, adecuar sus procedimientos y desarrollar una estructura de cumplimiento acorde con las nuevas obligaciones.

La participación de nuestro socio, Francisco Plass, en Pulso se enmarca en el trabajo de GNP_Canales en materias de protección de datos, privacidad y cumplimiento regulatorio, asesorando a empresas frente a los desafíos derivados de la nueva legislación.

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En una nueva edición de Actualidad Laboral, nuestra directora María Luisa García analiza el funcionamiento de este certificado y sus principales implicancias para los empleadores.

La herramienta permite a las empresas verificar directamente la autenticidad del documento y el estado migratorio informado por SERMIG. Si bien no constituye un nuevo permiso ni un requisito legal adicional para contratar, puede transformarse en un importante mecanismo de control para los procesos de contratación y la revisión de la dotación vigente.

El tema cobra especial relevancia en un escenario de mayor fiscalización. Según se explica en el documento, a partir de cruces de información con la Superintendencia de Pensiones, la autoridad habría detectado a más de 232 mil personas extranjeras que trabajaron y cotizaron sin contar con autorización para ello, situación que involucraría a más de 40 mil empleadores.

La nueva edición advierte, además, un aspecto clave para las empresas: contar con contrato de trabajo, RUT y cotizaciones previsionales pagadas no significa necesariamente que una persona extranjera esté habilitada para trabajar en Chile. El cumplimiento laboral y el migratorio corresponden a ámbitos distintos.

Frente a este escenario, GNP_Canales recomienda reforzar los mecanismos internos de control, incorporando la verificación de la habilitación migratoria tanto en las nuevas contrataciones como en la revisión periódica de los trabajadores extranjeros que ya forman parte de la empresa.

Te invitamos a leer esta nueva edición de Actualidad Laboral, donde revisamos el alcance de la herramienta, sus implicancias para los empleadores y las principales medidas preventivas que recomendamos adoptar. Lee aquí

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GNP_Canales fue reconocido nuevamente entre los estudios destacados de Chile en derecho laboral por Chambers Latin America, uno de los principales rankings internacionales en materia legal.

Con este resultado, nuestra firma suma siete años consecutivos en el ranking Labour & Employment, reconocimiento que refleja la trayectoria y experiencia de nuestro equipo y el trabajo desarrollado junto a nuestros clientes.

En su reseña, Chambers define a GNP_Canales como una firma dinámica, especializada en derecho laboral y con una reconocida reputación en el mercado legal chileno. La publicación destaca nuestra experiencia en litigios laborales, negociación colectiva, seguridad y salud en el trabajo, servicios mínimos, despidos y materias migratorias.

La guía recoge además la valoración de uno de los clientes consultados durante su proceso de investigación:

“GNP Canales Abogados Laborales brinda asesoría permanente en materias laborales, respaldada por un profundo conocimiento de la industria y de nuestro negocio. La firma comprende nuestra compañía y entrega una asesoría personalizada y adaptada a nuestras necesidades, mientras que su equipo sólido y cohesionado es capaz de enfrentar cualquier desafío”.

Reconocimiento a nuestros socios

Alfonso Canales Undurraga suma 17 años en el ranking, consolidando una extensa trayectoria de reconocimiento en el área laboral. Chambers destaca su experiencia asesorando a importantes clientes en litigios ante tribunales laborales, políticas de recursos humanos y procesos de negociación colectiva.

Uno de los clientes entrevistados por la publicación señala que Alfonso es “un abogado altamente reconocido, con una amplia experiencia, sólido criterio jurídico y un profundo conocimiento del mundo de los negocios”.

Por su parte, Carlos Gutiérrez de Torres alcanza su tercer año en el ranking, siendo reconocido por su destacada actividad en el mercado del derecho laboral chileno.

Chambers recoge especialmente la valoración de un cliente que destaca “su sólida experiencia técnica y proactividad, así como su criterio profesional, compromiso y enfoque dinámico e innovador en la gestión legal, contribuyendo eficazmente al cumplimiento de los objetivos del cliente”.

Estos resultados constituyen un reconocimiento al trabajo de todo el equipo de GNP_Canales y, especialmente, a la confianza de nuestros clientes, que nos permite seguir acompañándolos en sus principales desafíos laborales.

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La publicación recoge distintas visiones sobre la aplicación práctica de la normativa y los desafíos que se han evidenciado desde su entrada en vigencia, especialmente respecto de los procedimientos de investigación y los criterios para determinar la admisibilidad de las denuncias.

En este contexto, nuestra socia se refirió a la necesidad de establecer mayores filtros al momento de ingresar las denuncias, con el fin de que el procedimiento se utilice para aquellos casos que efectivamente corresponden a las conductas reguladas por la Ley Karin.

“El poner más filtros al ingreso, lo que se denomina examen de admisibilidad, no busca el hecho de que no se realicen denuncias, sino que las denuncias que se reciban sean aquellas que efectivamente son referentes a acosos laborales o acosos sexuales”.

Explicó en el artículo que el objetivo es evitar que la ley sea utilizada para abordar situaciones que, aun cuando puedan representar dificultades o conflictos al interior de una relación laboral, podrían encontrar solución a través de otras vías.

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Entre otros aspectos, el documento regula los contenidos y duración mínima de la capacitación, sus modalidades de ejecución, las responsabilidades del empleador y las exigencias de registro y trazabilidad. También contempla un régimen de transición para determinadas capacitaciones realizadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Guía.

En nuestro nuevo Actualidad Laboral revisamos sus principales aspectos y entregamos algunas recomendaciones para que las empresas puedan adecuarse a estas nuevas exigencias.

Los invitamos a revisar el documento completo aquí.

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El documento, elaborado por María Luisa García, directora de GNP_Canales, explica de manera práctica cómo opera este incremento, cuál será su impacto para las empresas y qué aspectos deben considerar las organizaciones para cumplir correctamente con esta nueva obligación.

Con un enfoque claro y orientado a la gestión empresarial, nuestra abogada entrega herramientas para comprender los efectos de la reforma previsional, advierte sobre las acciones que los empleadores deben realizar con anticipación para preparar el pago de las remuneraciones y cómo se debe trabajar la planificación presupuestaria.

Te invitamos a revisar el documento completo aquí y a conocer las principales implicancias de esta relevante alza

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En su intervención, nuestra abogada explicó que el pronunciamiento del organismo no establece una prohibición absoluta, sino que dispone que cada caso debe ser analizado individualmente por la autoridad administrativa correspondiente. Añadió que los funcionarios públicos están sujetos al deber de mantener una vida social acorde con la dignidad del cargo, obligación que puede generar tensiones con el derecho constitucional a la vida privada.

Además, agregó que el dictamen reafirma la necesidad de ponderar las circunstancias de cada caso en función de la naturaleza de las funciones, el impacto en el ejercicio del cargo y la proporcionalidad de una eventual sanción.

En la entrevista también abordó cómo este tipo de situaciones se analiza en el ámbito laboral privado. Al respecto, explicó que, a diferencia del sector público, los trabajadores del sector privado gozan de una mayor protección de su vida privada ya que, en principio, las actividades realizadas fuera de la jornada laboral no debieran dar lugar a sanciones disciplinarias. Sin embargo, precisó que existen casos excepcionales —como determinadas organizaciones de carácter ideológico o confesional— en los que la jurisprudencia ha reconocido que la naturaleza de las funciones puede justificar un análisis distinto.

La participación de nuestra socia permitió aportar una mirada jurídica sobre un debate que plantea importantes desafíos respecto del equilibrio entre la protección de la vida privada, las obligaciones laborales y los límites disciplinarios de empleadores y organismos públicos.

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