Nuestra socia Lilia Jerez fue entrevistada en el programa “Podría ser peor” de Radio Bio Bio, donde abordó la reciente resolución de la Contraloría General de la República sobre la comercialización de contenido en plataformas para adultos por parte de funcionarios públicos.
En su intervención, nuestra abogada explicó que el pronunciamiento del organismo no establece una prohibición absoluta, sino que dispone que cada caso debe ser analizado individualmente por la autoridad administrativa correspondiente. Añadió que los funcionarios públicos están sujetos al deber de mantener una vida social acorde con la dignidad del cargo, obligación que puede generar tensiones con el derecho constitucional a la vida privada.
Además, agregó que el dictamen reafirma la necesidad de ponderar las circunstancias de cada caso en función de la naturaleza de las funciones, el impacto en el ejercicio del cargo y la proporcionalidad de una eventual sanción.
En la entrevista también abordó cómo este tipo de situaciones se analiza en el ámbito laboral privado. Al respecto, explicó que, a diferencia del sector público, los trabajadores del sector privado gozan de una mayor protección de su vida privada ya que, en principio, las actividades realizadas fuera de la jornada laboral no debieran dar lugar a sanciones disciplinarias. Sin embargo, precisó que existen casos excepcionales —como determinadas organizaciones de carácter ideológico o confesional— en los que la jurisprudencia ha reconocido que la naturaleza de las funciones puede justificar un análisis distinto.
La participación de nuestra socia permitió aportar una mirada jurídica sobre un debate que plantea importantes desafíos respecto del equilibrio entre la protección de la vida privada, las obligaciones laborales y los límites disciplinarios de empleadores y organismos públicos.