Nuestro socio Alfonso Canales aborda un punto importante en las políticas públicas, que ejemplifica con el actual debate sobre el ingreso mínimo: la coherencia de criterios con que autoridades y políticos toman este tipo de decisiones.
El análisis pone sobre la mesa un contraste difícil de ignorar. Mientras en el último año de gobierno del ex presidente Boric, su sector político aprobó un reajuste al sector público por debajo de la inflación —en base a criterios de prudencia y realidad económica—, actualmente promueve un alza significativamente mayor para el sector privado, pero como oposición.
“No es razonable ni políticamente aceptable utilizar un criterio de prudencia como empleador público, y exigir algo distinto cuando el costo lo deben asumir las empresas privadas”.
La columna invita a reflexionar sobre los efectos de este tipo de decisiones, especialmente en un contexto donde las pymes enfrentan márgenes estrechos y donde medidas desalineadas con la realidad económica pueden impactar en el empleo y la formalidad laboral.
