Carlos Bastidas, asociado de GNP Canales, analiza los principales desafíos que la nueva normativa impondrá a empleadores y áreas de Recursos Humanos.
La entrada en vigencia de la Ley N° 21.719 sobre Protección de Datos Personales, prevista para el 1 de diciembre de 2026, obligará a las empresas a revisar profundamente la forma en que recopilan, utilizan y almacenan la información de sus trabajadores. La normativa introduce nuevas exigencias de cumplimiento y eleva significativamente los riesgos de sanción para las organizaciones que no se adapten a tiempo.
Así lo advierte Carlos Bastidas, asociado de GNP Canales, en la más reciente edición de Actualidad Laboral, documento en el que analiza las implicancias prácticas que tendrá la nueva legislación para la gestión de personas y las relaciones laborales.
“La ley establece que cualquier tratamiento de datos personales de trabajadores — desde los procesos de reclutamiento y selección hasta la evaluación de desempeño o el término de la relación laboral — deberá estar debidamente justificado, documentado y sujeto a mecanismos de control y auditoría”.
Nuevas exigencias para empleadores y áreas de RR.HH.
Uno de los principales impactos recaerá sobre las herramientas de monitoreo y vigilancia digital utilizadas por las empresas. La revisión de correos corporativos, la geolocalización de trabajadores, los sistemas de seguimiento de actividad y las plataformas de medición de productividad deberán cumplir requisitos específicos de transparencia, proporcionalidad y seguridad.
Asimismo, la regulación refuerza la protección de los datos biométricos, como huellas dactilares y sistemas de reconocimiento facial, considerados ahora datos sensibles. Su utilización exigirá mayores resguardos y una adecuada fundamentación jurídica.
La normativa también incorpora restricciones respecto de las decisiones automatizadas en recursos humanos. Procesos como el filtrado automático de currículums, la evaluación algorítmica de desempeño o determinadas herramientas de inteligencia artificial deberán garantizar supervisión humana y mecanismos que permitan cuestionar o revisar las decisiones adoptadas.
Protección reforzada de datos sensibles
La ley otorga una protección especial a información relacionada con la salud de los trabajadores, antecedentes penales, afiliación sindical y otros datos sensibles. Esto obligará a las organizaciones a revisar prácticas habituales y establecer criterios claros sobre acceso, conservación y tratamiento de este tipo de información.
“Las empresas deberán adecuar sus políticas internas, contratos, reglamentos y herramientas tecnológicas para asegurar el cumplimiento de los principios de licitud, proporcionalidad, transparencia y seguridad que establece la nueva normativa”, señala Carlos Bastidas.
Riesgo de multas y fiscalización especializada
La nueva legislación crea la Agencia de Protección de Datos Personales, organismo que contará con facultades fiscalizadoras y sancionatorias. Entre las medidas contempladas se incluyen multas que podrían alcanzar hasta 20.000 UTM y, en ciertos casos de reincidencia de grandes empresas, hasta el 4% de los ingresos anuales por ventas y servicios en Chile.
Además de las sanciones administrativas, el uso indebido de sistemas de vigilancia, biometría o decisiones automatizadas podría generar conflictos laborales y acciones judiciales por vulneración de derechos fundamentales.
La importancia de anticiparse
Desde GNP Canales recomiendan iniciar cuanto antes los procesos de adecuación, especialmente en organizaciones con dotaciones medianas y grandes. Entre las medidas prioritarias destacan el levantamiento de los datos personales tratados por la empresa, la actualización de documentación laboral, la revisión de sistemas tecnológicos y la capacitación de jefaturas y equipos de recursos humanos.
Para Carlos Bastidas, la Ley N° 21.719 representa mucho más que una reforma técnica.
“Tendrá efectos concretos en la forma en que las empresas contratan, supervisan, evalúan y desvinculan a sus trabajadores, por lo que anticiparse será clave para minimizar riesgos y fortalecer el cumplimiento normativo”.
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